Jorge es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1991), Master en Estudios Europeos por la Universidad de Reading en el Reino Unido (1992), abogado en ejercicio desde noviembre de 1992 y socio del Departamento de Regulatorio, Derecho Público y Urbanismo de ONTIER, firma a la que se incorporó en el año 2006.
Ha desarrollado su actividad profesional en el campo del Derecho administrativo, asesorando a particulares, empresas y toda clase de Administraciones y entidades públicas en materias tales como urbanismo, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratos del sector público, personal al servicio de las Administraciones Públicas, concesiones administrativas, licencias y autorizaciones sectoriales, subvenciones, bienes públicos, régimen local, sanciones administrativas y sectores regulados.
Cuenta asimismo con una extensa experiencia procesal en tales materias en todo tipo de litigios, jurisdicciones e instancias, también ante los órganos de control y fiscalización de cuentas, así como ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es ponente habitual en cursos de formación y jornadas especializadas y autor y coautor de numerosas publicaciones jurídicas.
El prestigioso directorio jurídico Chambers & Partners Europe lo reconoce como uno de los profesionales de referencia en España en las áreas de Public Law, y Planning.
Ha sido Secretario de TEDAE, Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio, y, desde el año 2012, es el Secretario del Foro de la Regulación Administrativa.
Dirección letrada de un recurso de casación con un interés económico superior a los treinta millones de euros, relativo al justiprecio de unos terrenos expropiados para la ubicación de una base militar e íntegramente estimado por una sentencia del Tribunal Supremo que sentó doctrina sobre la valoración de suelos no urbanizables con arreglo a su renta real.
Representación de un grupo de antiguos accionistas del Banco Popular en un procedimiento ante el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) relativo a la aplicación del Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Único de Resolución previstos en el Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, con un interés económico en juego superior a 600 millones de euros.
Dirección letrada de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por unos particulares contra la relación de deudores publicada anualmente por la Agencia Tributaria y al que puso término una sentencia favorable del Tribunal Supremo que, por vez primera, concluyó que la Administración había menoscabado los derechos fundamentales de unos ciudadanos por incluirlos de forma indebida en la lista de deudores.
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