La reciente aprobación de la denominada megarreforma de reconstrucción introduce cerca de 40 modificaciones permanentes y 25 transitorias, combinando cambios tributarios, regulatorios y sectoriales. Más allá de las medidas destinadas a financiar la reconstrucción, su alcance apunta a estimular la inversión y elevar el crecimiento potencial de Chile.
Entre sus principales regulaciones destacan:
– Impuesto de Primera Categoría: reducción gradual desde el 27% al 23%, acompañada de una reintegración progresiva del sistema tributario.
– Invariabilidad tributaria: para proyectos de inversión sobre USD 50mm.
– Incentivos a la inversión: mecanismos de depreciación e incentivos para proyectos de mayor escala, buscando mejorar las condiciones para nuevas inversiones.
– Simplificación y certeza regulatoria: modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con procedimientos más eficientes y mayor capacidad institucional.
– Permisos y concesiones: agilización de trámites en sectores estratégicos como energía, acuicultura y generación eléctrica.
– Franquicias e incentivos tributarios: modificaciones orientadas a focalizar mejor los recursos fiscales y promover actividades con impacto en productividad.
– Capital humano y exportación de servicios: ampliación del crédito tributario para empresas exportadoras de servicios intensivos en conocimiento, incentivando el empleo formal y calificado.
– Financiamiento de la reconstrucción: medidas transitorias y permanentes destinadas a enfrentar los costos derivados de los incendios de Valparaíso de 2024 y Ñuble y Biobío de 2026.
Un aspecto especialmente relevante es el cambio de enfoque. La reforma no se limita a aumentar o reducir impuestos: intenta vincular tributación, inversión, permisos, regulación y productividad dentro de una misma política económica.
Según las proyecciones citadas por Klaus Schmidt-Hebbel y otros destacados economistas, las medidas podrían incrementar el nivel del PIB en torno a 0,9% en 2027, con un efecto acumulado de 7,6% hacia 2037, elevando además el crecimiento promedio anual en aproximadamente 0,7 puntos porcentuales.
Desde la perspectiva de las empresas y sus asesores, el desafío comienza ahora: entender cómo cada una de estas modificaciones afecta las decisiones de inversión, financiamiento, estructuración tributaria y desarrollo de nuevos proyectos.
La aprobación de una reforma es solo el comienzo. Su verdadero impacto dependerá de la calidad de su implementación y, especialmente, de que logre traducir mayor certeza jurídica y regulatoria en más inversión, productividad y crecimiento para Chile.
